El
Govern plantea incrementar de dos a once las clínicas abortistas
concertadas en las que se realicen abortos con dinero público lucrando
al sector privado
La
actual Ley estatal de aborto que aprobó el PSOE del ex presidente José
Luís Rodríguez Zapatero incorporó un cambio fundamental hasta entonces
inédito: por primera vez los abortos se incorporaron dentro de la
cartera de prestaciones financiadas por la Sanidad pública.
En
el año 2011, el último del cual se dispone de datos definitivos, se
registraron un total de 22.614 abortos en Cataluña. Las dos clínicas
abortistas concertadas con la Generalitat –Tutor Médica y Centro Médico
Casanova- cubrieron 8.500 del total de 13.600 que Salud financió, el
resto se realizó en las dependencias públicas, todos ellos pagados con
dinero público.
Ahora
la Generalitat quiere ampliar el número de clínicas abortistas
concertadas a 11 y de esa forma ampliar su radio de actuación a
provincias como Girona y Tarragona y seguirían cubriendo con mayor
propósito la de Barcelona.
La
directora general de la asociación Salud y Familia, Elvira Méndez, en
declaraciones al diario El Punt lo justificaba así: “Las mujeres de
Girona, Lleida y Tarragona no disponen de clínicas con contrato público y
muchas prefieren pagar que tener que ir a Barcelona”.
Las clínicas abortistas: una excepción sin parangón
De
este modo el negocio del aborto se sigue extendiendo y cobrando dinero
público de los abortos que realizan, un daño grave para la mujer del que
se aprovechan estas las clínicas privadas. Es por eso que el negocio
del aborto, que además es de alta rentabilidad, no debe ser privado.
Cabe
recordar que nuestro contexto social se basa en un principio que rige
que nada de la Sanidad pública debe de ser un negocio como primera
instancia, entonces, ¿por qué la única excepción la constituyen las
clínicas abortistas, un negocio que desde la ‘Ley Aído’ se financia con
dinero público? El aborto ha sido y es un gran negocio financiado
con recursos públicos y la única actividad que la Seguridad Social
admite que puede ser desarrollada en las clínicas privadas en lugar de
las públicas, es una excepción rotunda, no hay ningún otro caso.
Es
un escándalo que la Generalitat fomente el aborto de esta manera, pero
todavía es peor que lo recorten todo por todos lados y para lo único que
tengan dinero es para pagar abortos.
Juan Francisco Jiménez Jacinto