Bélgica: Muy niño para votar, muy maduro para morir

Un chico de 15 años acaba de morir en Bélgica. Había solicitado la eutanasia como vía de escape a una enfermedad incurable, y un equipo médico, previo consentimiento de los padres, ha procedido a quitarle la vida. Toda la documentación sobre el procedimiento será ahora examinada por la Comisión Federal de Control y de Evaluación de la eutanasia.
La ley belga permite, desde 2014, que se aplique el suicidio asistido a los menores que lo pidan, siempre que padezcan un sufrimiento físico “insoportable” y su pronóstico de vida restante sea de muy corto tiempo (ver Aceprensa, 14-02-2014). Como la mayoría de edad legal está fijada en los 18 años, la anticipación de la muerte del niño o del adolescente debe contar con el visto bueno de los padres y del médico que lleve el caso, que debe, a su vez, pedir el criterio de un psiquiatra infantil.

La legislación sobre eutanasia infanto-juvenil tiene como contexto más amplio la regulación de esa medida para el público adulto, que se implantó en 2002 y que desde entonces y hasta 2013 ha “ayudado” a casi 9.000 personas a pasar al otro lado, si no es que las ha incitado directamente, al no informarles adecuadamente sobre alternativas. En el artículo II.2.1, la norma establece que el facultativo está en la obligación de informar al paciente “sobre sus condiciones de salud y expectativa de vida, y discutir con él sobre su solicitud de eutanasia, sobre la posible terapia y sobre los cursos de acción paliativos y sus consecuencias”.
Mal, pero que muy mal parecen estar explicando algunos médicos la realidad, harto comprobada, de la mejoría en la calidad de vida del paciente terminal cuando se le sigue una apropiada estrategia de paliativos; cuando se ve arropado por el trato afectivo de quienes le rodean y aliviado por una eficaz terapia de aminoración del dolor.
Por desgracia, sin embargo, esta vez se ha elegido la salida más expedita del “problema”, una solución que no entraña sacrificio alguno… salvo para el enfermo, claro.

Errores sin enmienda posible

La pulcritud burocrática que pretendieron los legisladores con el procedimiento de la eutanasia infantil puede llegar a causar verdadera estupefacción. Como se ha mencionado, una vez muerto el chico, los médicos encargados del caso deben remitir la documentación a la CFCE, formada por ocho médicos, cuatro expertos legales y cuatro personas relacionadas de alguna manera con enfermos incurables. El equipo es el que debe determinar que todo se hizo según los estándares fijados y que no se violó una letra en el proceso.
Ahora bien –y aquí está lo más irracional del asunto–, si la pesquisa da como resultado que los ejecutores se saltaron tal o más cual paso; si se enteran de que la información sobre paliativos no fue todo lo exhaustiva que debía ser ante un caso de esta complejidad, o no fue bien comprendida, o que el procedimiento fue de todo menos humano, como ha quedado patente en ocasiones anteriores, ¿qué hacer?
Tal fue el caso de Tine Nys, una chica autista de 37 años, que fue “eutanasiada” en 2010. El galeno que le aplicó la inyección no tenía siquiera esparadrapo para sostener la aguja en su brazo, por lo que le pidió al padre que le ayudara con ello (ya previamente había comentado a los familiares presentes que no habría sufrimiento y que sucedería “como con una pequeña mascota que está sufriendo: ‘La pondrías a descansar igualmente’”, según narró la hermana de Tine.
Además, y así trascendió posteriormente, uno de los dos doctores encargados de supervisar el proceso –un psiquiatra– no estuvo de acuerdo en avalar la eutanasia, por lo cual no podía aplicarse. También se conoció que la autorización para proceder se concedió muy apresuradamente, sin respetar el mes de plazo entre la solicitud de Tine y su muerte. Chapuzas de bulto que ahora, cuando la ilustre CFCE ponga la lupa sobre el dossier del quinceañero, podrán volver a saltar.
Solo que ya esa instancia no tendrá en sus manos la mínima posibilidad de enmendarlas.

Las limitaciones del adolescente 

El pretendido respeto a la libertad humana de que han querido hacer gala los partidarios de la eutanasia en Bélgica –y en los Países Bajos, donde se puede aplicar a chicos mayores de 12 años– choca frontalmente con la incapacidad real que tiene una persona, a edades tan tempranas, para ser plenamente responsable de sus actos y de las consecuencias que emanen de estos. Los “eutanásicos” se pegan un golpe además contra el sólido muro de previsiones que tiene la propia ley local nacional respecto al público menor de edad.

Es así que la Constitución, en su artículo 61, establece que los miembros de la Cámara Baja del Parlamento solo pueden ser elegidos “por ciudadanos que tengan al menos 18 años”. Para conducir, otro tanto: 18, e igual para exigirles responsabilidad criminal en caso de que incurran en un delito.
Para decidir morir, sin embargo, los niños “maduran rápido”, según parece sugerir la ley de eutanasia. Lo llamativo es que en un sitio como EE.UU., donde sigue vigente la pena capital en 31 de sus 50 estados, se han dado cuenta de que niños y adolescentes que han incurrido en graves actos criminales no pueden ser condenados a muerte precisamente por la concurrencia de factores biológicos asociados al crecimiento (como el aún insuficiente desarrollo de la corteza pre-frontal, asociada a la toma de decisiones), que les impiden calcular los efectos de sus acciones y la magnitud de estas.
“Los jóvenes toman decisiones de modo diferente de los adultos –explica a Aceprensa el Dr. Paul Appelbaum, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Columbia–. Les falta tiempo y perspectivas, son más susceptibles a la presión de los otros y se comportan de modo más impulsivo. He ahí por qué no los autorizamos a firmar contratos vinculantes o a casarse hasta cierta edad, y les castigamos menos severamente por los delitos que cometen”.
Fue en virtud de argumentos así de incontestables que el Tribunal Supremo sentenció en 2005 que no era legal aplicar la pena máxima a una persona por crímenes cometidos antes de los 18 años –“el Estado no puede extinguir su vida ni su potencial para alcanzar una comprensión madura de su propia humanidad”, señaló el juez Anthony Kennedy–. Si el individuo no tiene aún la conciencia necesaria para plantearse serenamente las situaciones de conflicto y hacer un cálculo de sus pros y contras, no es serio que la ley vaya “a por todas” contra él. ¿Puede ser lógico entonces que se le reconozca “madurez” para decidir sobre su propia existencia?
Respecto al caso del chico belga, el Dr. Appelbaum es muy preciso: “Autorizar a los menores a elegir el fin de sus propias vidas es ignorar todos aquellos aspectos en los que son diferentes de los adultos y cómo necesitan ser protegidos de las consecuencias de sus actos”.

Pero eso será con los niños y adolescentes americanos. En otros sitios, según nos quieren hacer creer, están hechos de otra pasta.

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