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Más que en los países bálticos visitados por Francisco en estos días, la atención de los medios de comunicación está enfocada inexorablemente en lo que él dirá al final del viaje, en el vuelo de regreso a Roma, cuando será interrogado nuevamente sobre el escándalo del ex cardenal Theodore McCarrick.
Ha pasado un mes de la clamorosa denuncia del ex nuncio en Estados Unidos, Carlo Maria Viganò, quien ha acusado a Francisco de haber encubierto ese escándalo, aunque estaba en conocimiento de él. Sin que Francisco haya dado la más mínima respuesta a las acusaciones.
Pero entre tanto otra tempestad se está concentrando sobre el Papa. Y proviene de su tierra natal, la Argentina, además del limítrofe Chile.
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De Chile se sabe. Jorge Mario Bergoglio sostuvo públicamente hasta el final la inocencia de obispos y cardenales de ese país, acusados de haber cometido u ocultado un gran número de abusos sexuales. Descalificó durante mucho tiempo como “calumnias” las denuncias de las víctimas. Esto también durante su visita a Chile, en enero de este año, salvo para después ceder a la evidencia de las pruebas, convocar a Roma a la totalidad de los 34 obispos chilenos y obtener de ellos un acto de poner sus renuncias a disposición.
Después de esta marcha atrás, en efecto, Francisco ya dio curso a las renuncias de siete obispos.
Pero dejó en su puesto, en el concejo de los nueve cardenales que lo ayudan en el gobierno de la Iglesia universal, al cardenal Francisco Javier Errázuriz Ossa, penúltimo arzobispo de Santiago, haciendo presagiar que en el futuro sólo será despedido por motivos de edad.
Pero dejó en su puesto, en el concejo de los nueve cardenales que lo ayudan en el gobierno de la Iglesia universal, al cardenal Francisco Javier Errázuriz Ossa, penúltimo arzobispo de Santiago, haciendo presagiar que en el futuro sólo será despedido por motivos de edad.
Dejó en su cargo, como arzobispo de Santiago, al otro cardenal, Ricardo Ezzati Andrello, a pesar de que la justicia chileno lo había llamado a juicio por el ocultamiento de abusos.
Dejó en su cargo de ordinario militar y de presidente de la Conferencia Episcopal a Santiago Silva Retamales, a pesar de ser uno de los siete obispos chilenos hasta ahora llamados a juicio. Con el riesgo, dijo la más célebre de las víctimas, Juan Carlos Cruz, que "en febrero estará quizás ya en prisión", precisamente en los días en los que el papa Francisco reunirá en Roma a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo, para discutir sobre cómo afrontar estos escándalos.
Sobre los últimos desarrollos de la experiencia judicial chilena son iluminadores estos dos servicios de Inés San Martín en "Crux", el principal portal de información de Estados Unidos sobre la Iglesia Católica:
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En Argentina, en comparación con Chile, la tempestad está solamente en los comienzos. Pero en estos últimos meses las denuncias de abusos sexuales han tenido un auténtico incremento. La agencia Associated Press calculó que son hoy al menos 66 los sacerdotes, los frailes y las monjas acusados de abusos. Y hay un caso entre éstos que ahora ha llegado a golpear en forma directa a Bergoglio.
El caso en cuestión remite a Julio Grassi, un sacerdote de la diócesis de Morón, famoso para dar un techo a los niños que están en la calle, en varias localidades de Argentina.
En el 2009 Grassi fue condenado a 15 años de prisión por haber usado violencia sobre menores.
Pero él siguió proclamándose inocente y apeló la sentencia. Con pleno apoyo de los obispos argentinos, también ellos convencidos de su inocencia.
En esa época la Conferencia Episcopal Argentina estaba presidida por el cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Y en el 2010 la Comisión Episcopal encargó a un abogado y criminólogo, Marcelo Sancinetti, una contra-investigación sobre el caso.
Se publicó un informe de 2.000 páginas en cuatro volúmenes. En ellos se desarman una tras otra las acusaciones contra Grassi y se sostiene la falsedad del principal acusador, de nombre Gabriel.
Hoy estos volúmenes han entrado en posesión de Associated Press, que informó esto ha mitad de este mes de setiembre. Al final de cuarto y último volumen está escrito que fue sobre todo Bergoglio el que encargó la contra-investigación. Ese Bergoglio de quien el mismo Grassi dijo, cuando estaba en curso el primer proceso contra él, que "jamás me soltó la mano".
El vocero de la Conferencia Episcopal Argentina dice hoy que el informe tenía la finalidad de proporcionar a los obispos “mayores informaciones, en vista de los procedimientos canónicos” respecto al sacerdote.
Pero el abogado de Gabriel, Juan Pablo Gallego, dice, por el contrario, que el informe terminó en el escritorio de algunos jueces argentinos que eran los que debían emitir la sentencia de apelación.
Pero el 21 de marzo de 2017 esos jueces confirmaron definitivamente la sentencia de primer grado, condenando a Grassi a 15 años de prisión, que está cumpliendo en la cárcel de Campana, en la provincia de Buenos Aires.
Hasta ahora, Grassi es sacerdote y celebra Misa, aunque con la prohibición de ejercer en público el ministerio. Su caso canónico está pendiente en la Congregación vaticana para la Doctrina de la Fe.
Gabriel, su víctima y acusador, dice haber escrito junto a su abogado una carta a Bergoglio dos meses después de su elección como Papa, y de haberla entregado el 8 de mayo de 2013 en la nunciatura vaticana en Buenos Aires.
En la carta lamentaba la "denigración" de la que se veía víctima en el informe encargado por los obispos, confiaba su sufrimiento y pedía ser recibido en audiencia por el Papa, a quien pedía "ayuda para encontrar la fe".
Jamás recibió respuesta.
Para los detalles sobre el caso Grassi y sobre otros escándalos argentinos, véanse estos dos servicios de Associated Press:
En la imagen que está en la parte superior el último número del semanario alemán "Der Spiegel", en la tapa con el título "No debes mentir" y con un amplio servicio dedicado en Buena medida a los escándalos sexuales surgidos en la Iglesia argentina.