El Gobierno italiano ha endurecido las condiciones de concesión y mantenimiento del asilo en el país al aprobar un decreto del ministro del Interior, Matteo Salvini, que prevé, entre otras cosas, expulsar a los asilados considerados “un peligro social” o condenados en primer grado por drogas, robo, violencia sexual, violencia contra funcionarios públicos o lesiones graves.
Italia no permitirá la entrada a ningún extranjero que haya sido expulsado de otros países de la zona Schengen y, además, el período de estancia en centros para refugiados en espera de asilo se amplía de 90 a 180 días. A partir de ahora, serán seis los supuestos de entrada humanitaria en Italia: explotación, mala salud, violencia doméstica, calamidades, tratamientos médicos o reconocimiento por haber hecho una buena obra.
El ministro del Interior celebraba la aprobación de la norma alegando que es un paso “para combatir con más fuerza a mafiosos y traficantes de personas, para reducir los costes de una inmigración exagerada, para expulsar más rápido a delincuentes y falsos refugiados, para retirar la ciudadanía a los terroristas, para dar más poderes a las fuerzas del orden”.