16 de mayo de 2014
A raíz de la comparecencia del
Vaticano ante la convención de la ONU contra la tortura (algo que hacen
todos los países que libremente han suscrito el tratado) una inmensa
mayoría de los medios de comunicación
han apuntado los reflectores a un tema por demás manoseado: el de los
abusos de menores por parte de algunas personas del clero. Los tópicos
aludidos en la multiplicidad de artículos han venido a querer presentar
de nuevo a la Iglesia como una institución que no ha hecho algo por
erradicar ese mal. Pocos han subrayado que lo de los abusos, en sentido
estricto y sin minusvalorar el crimen, no son objeto directo de la
convención suscrita. Tampoco han dicho que el Vaticano la suscribe en
cuanto estado soberano y no como Iglesia (distinciones jurídicamente
comprensibles, de otro modo violaría la misma Santa Sede la soberanía de
otros países). Por eso y por otros tantos detalles me ha gustado el
artículo que David B. Rivkin Jr. y Lee A. Casey, dos ex funcionarios del
departamento de justicia durante el gobierno de Reagan y Bush han
escrito en The Wall Street Journal. A continuación la traducción al español realizada por Helena Faccia Serrano:
***
La escusa de la tortura para ir contra la Iglesia católica
El comité de las Naciones Unidas supervisor de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes está recibiendo presiones por parte de varias organizaciones no gubernamentales poderosas para que el Vaticano sea condenado cuando el comité se reúna esta semana en Ginebra.Estos grupos, entre los que se incluye el Centro para los Derechos Constitucionales, la Red de Supervivientes de abusos por sacerdotes y el Centro de Derechos Reproductivos, reclaman que el trato dado por parte de la Iglesia católica a las acusaciones contra los sacerdotes que han abusado de los niños, como también su posición en lo que se refiere a métodos anticonceptivos y el aborto, equivale a violaciones de la Convención contra la Tortura.