Lo que las actuales máximas jerarquías de la Iglesia no han sido capaces de decir – antes, durante y después de la cumbre llevada a cabo en el Vaticano desde el 21 al 24 de febrero sobre los abusos sexuales perpetrados por ministros consagrados – lo ha dicho y escrito el “Papa emérito” Benedicto XVI en los “apuntes” que ha hecho públicos el 11 de abril, luego de haber informado al secretario de Estado, Pietro Parolin, y al papa Francisco.
Joseph Ratzinger fue a la raíz del escándalo: a la revolución sexual del ’68, al “colapso” de la doctrina y de la moral católica entre los años ’60 y ‘8’, a la caída de la distinción entre el bien y el mal y entre la verdad y la mentira, a la proliferación de “clubes homosexuales” en los seminarios, a la imposición de un “llamado” garantismo que hizo intocables a los que justificaban esas novedades, incluida la misma pedofilia, y en último análisis al alejamiento de ese Dios que es la razón de vida de la Iglesia y el sentido de orientación de cada hombre.
De esto surge, a juicio de Ratzinger, que la tarea de la Iglesia de hoy es reencontrar la valentía de “hablar de Dios” y de “anteponer” a Dios en todo; de volver a creer que Él está realmente presente en la Eucaristía, en vez de “rebajarla a gesto ceremonial”; de mirar a la Iglesia como llena de cizaña pero también del grano bueno, de santos y de mártires, para defenderla del descrédito del Maligno, sin engañarnos pretendiendo hacer nosotros mismos una tarea mejor, totalmente política, que “no puede representar ninguna esperanza”.
Este análisis de Ratzinger ciertamente provocará discusiones, visto cuán distante está de lo que se dice y se hace hoy en las altas jerarquías de la Iglesia respecto al escándalo de los abusos sexuales, en una perspectiva que es sustancialmente jurídica y que oscila entre los dos polos de la “tolerancia cero” y del garantismo.
Un garantismo totalmente diferente de aquél otro, “llamado” de ese modo, reclamado por Ratzinger, porque remite más bien a los derechos de la defensa de los imputados, a la presunción de inocencia hasta la sentencia definitiva y la proporcionalidad de la pena, y que es útil medir cómo se emplea respecto a los cardenales y arzobispos implicados en abusos sexuales.
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Hasta el otoño pasado, la fórmula “tolerancia cero” era una de las más recurrentes en las palabras y los escritos del papa Francisco, para explicar cómo enfrentarse a los abusos sexuales cometidos por el clero contra víctimas menores de edad.
Pero desde entonces ha desaparecido. Ha desaparecido del documento final del sínodo sobre los jóvenes; ha desaparecido de la posterior exhortación apostólica “Christus vivit”; ha desaparecido de los discursos y documentos de la cumbre sobre los abusos que tuvo lugar en el Vaticano del 21 al 24 de febrero.
Es más: al inicio de esa cumbre Francisco distribuyó a los participantes los 21 “puntos de reflexión” escritos de su puño y letra, que desde luego no iban para nada de acuerdo con la “tolerancia cero”.
El punto 14, por ejemplo, decía: “Es necesario salvaguardar el principio de derecho natural y canónico de la presunción de inocencia hasta que se pruebe la culpabilidad del acusado”.Y el punto 15: “Respetar el principio tradicional de proporcionalidad de la pena con respecto al delito cometido. Dictaminar que los sacerdotes y obispos culpables de abuso sexual de menores abandonen el ministerio público”.
Las medidas adoptadas en estos últimos dos meses contra cinco cardenales y arzobispos que han acabado siendo procesados por abusos cometidos o “encubiertos” confirman plenamente este cambio de línea.
No hay una medida que sea igual a otra. Y sólo en un caso dicha medida ha consistido en reducir al estado laical al condenado, cuando en cambio, en virtud de la “tolerancia cero”, esta debería ser la sanción que habría que imponer a todos, también a quien ha cometido un único abuso contra una única víctima, hace muchos años.
Se sabe que quien ha sido reducido al estado laical es el ex cardenal Theodore McCarrick. En cambio, no lo ha sido ninguno de los otros cuatro sancionados antes y después de él.
El cardenal australiano George Pell y el cardenal francés Philippe Barbarin, ambos condenados por tribunales seculares de sus respectivos países, en espera de la apelación, han tenido en el foro eclesiástico un trato muy distinto, más duro con Pell y más garantista con Barbarin, tal como explicó Settimo Cielo:
> Con Pell y Barbarin el Papa usa dos pesos y dos medidas
Aún más indulgente ha dado la impresión de ser el Papa con el cardenal Ricardo Ezzati Andrello, limitándose a aceptar, el 23 de marzo, su dimisión como arzobispo de Santiago de Chile, el día después de ser acusado de encubrimiento de abusos.
Y más distinto aún ha sido el trato otorgado al ex arzobispo de Agaña en la isla de Guam, Anthony Sablan Apuron (en la foto), condenado de manera definitiva el pasado 7 de febrero –la Congregación para la Doctrina de la Fe dio a conocer la sentencia el 4 de abril– con estas tres penas: “privación del cargo; prohibición absoluta de vivir, aunque sea de manera temporal, en la arquidiócesis de Agaña; prohibición absoluta de utilizar los signos propios de su condición de obispo”.
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Dado que la isla de Guam, en el Pacífico, es territorio de Estados Unidos, Apuron es el primer arzobispo estadounidense hasta ahora que ha sufrido una condena canónica definitiva por abusos sexuales, seis días antes de ese 13 de febrero en que McCarrick fue reducido al estado laical.
Sin embargo, a diferencia de éste, Apuron no ha sido reducido al estado laical, a pesar de haber sido reconocido culpable de “delitos contra el sexto mandamiento con menores”. Puede celebrar la misa, aunque lejos de Guam, y llevar los signos distintivos de su condición de obispo.
Esto choca claramente con la “tolerancia cero” que es la directriz de la Iglesia católica de Estados Unidos a partir de la “Carta de Dallas” de 2002, cuando era presidente de la conferencia episcopal precisamente ese Wilton Gregory que el Papa Francisco ha promovido como arzobispo de Washington el mismo día de la publicación de la blanda condena de Apuron.
¿Pero cómo se ha llegado a este epílogo?
El caso de Apuron fue juzgado en primera instancia por un jurado presidido por el cardenal Raymond Burke, canonista de fama, también él estadounidense pero muy atento a las garantías que hay que dar a los imputados, y que fue nombrado personalmente para este cargo por el Papa Francisco.
Este primer proceso concluyó el 16 de marzo de 2018 con una condena por abusos sobre menores y destituyendo a Apuron de su cargo como arzobispo de Guam.
Apuron, sin embargo, apeló. Y en el Vaticano empezó un nuevo proceso canónico, esta vez presidido personalmente por Francisco, según cuanto revela él mismo en la rueda de prensa del 26 de agosto pasado, de vuelta de Irlanda: “El arzobispo de Guam ha recurrido en apelación y yo he decidido —porque era un caso muy, muy complejo— usar un derecho que tengo, de reservarme la apelación y no mandarlo al tribunal de apelación que hace su trabajo con todos los sacerdotes, pero me lo he reservado. He formado una comisión de canonistas que me ayuda y me han dicho que, en poco tiempo, un mes como mucho, se hará la ‘recomendación’ para que yo haga el juicio. Es un caso complicado, por una parte, pero no difícil, porque las evidencias son clarísimas; por el lado de las evidencias, son claras. Pero no puedo prejuzgar. Espero el informe y después juzgaré. Digo que las evidencias son claras porque son las que han llevado a la condena en el primer tribunal”.
Y llegamos a la sentencia de condena definitiva del 7 de febrero de este año, contra la que Apuron sigue declarándose inocente, víctima “de un grupo de presión que tiene la intención de destruirme” reclutando acusadores, “incluso ofreciéndoles dinero”.
En efecto, un detallado reportaje publicado el 20 de septiembre de 2017 por “Vatican Insider”, Apuron había proporcionado una descripción inquietante de las luchas de poder existentes en los vértices de la arquidiócesis de Agaña, antes y después del inicio del proceso contra Apuron, luchas no apaciguadas, sino más furibundas desde que la diócesis fue intervenida por el Vaticano y confiada al entonces secretario de “Propaganda Fide”, Savio Hon Taifai, y al arzobispo coadjutor Michael Jude Byrnes, hoy titular de la arquidiócesis.
Que algunas de las acusaciones dirigidas contra Apuron eran inconsistentes es algo que ya había observado el jurado presidido por el cardenal Burke, que sin embargo había considerado demostrados un par de delitos, con la consiguiente condena.
Permanece el hecho de que poco se sabe de ambos procesos. Y Apuron no se equivocaba cuando declaró, después de la segunda y definitiva condena, que “el secreto pontificio me impide defender mi buen nombre en público”.
Durante la cumbre del 21-24 de febrero, varias voces –entre ellas, la del cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y miembro del concejo de cardenales que asesoran a Francisco en el gobierno de la Iglesia universal– se alzaron para pedir la suavización del secreto pontificio, que prohíbe el acceso a los actas de los procesos canónicos.
Pero a este respecto nada ha cambiado hasta ahora. Y si de verdad se quieren superar las injustificables rigideces de la “tolerancia cero” en nombre de los derechos de defensa de los imputados y de la proporcionalidad de las penas, también hay que poner en práctica la tan elogiada “transparencia” con la publicación no sólo de las sentencias finales, sino también del recorrido que ha llevado a ellas.
Publicado el 12 de abril de 2019 en magister.blogautore.espresso.repubblica.it/…/%e2%80%9ctoller…