En 2010, mientras era Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio –el papa Francisco–, encargó una contra-investigación para declarar inocente a un famoso sacerdote condenado por pedofilia. Por primera vez, un juez argentino confirmó a los autores de este reportaje que fue objeto de intento de manipulación por parte de la Iglesia Católica.
“Tolerancia cero”, es lo que se dice oficialmente. En plena tormenta por las revelaciones de los casos de pedofilia del clero francés, el Vaticano no cesa de recalcar su intransigencia sobre el tema. Sin embargo, un reportaje conjunto de Mediapart y Cash Investigation, demuestra que varios altos cargos de la Iglesia Católica han encubierto o defendido a sacerdotes acusados de actos de pedofilia. Algunos de estos responsables, remecen los mullidos pasillos del Vaticano.
Cuando era arzobispo de Buenos Aires y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el cardenal Jorge Mario Bergoglio –que en marzo del 2013 se convertiría en el primer papa sudamericano– participó activamente en una operación de lobby para defender a un famoso sacerdote de su país, el padre Grassi, finalmente condenado en 2009 a 15 años de cárcel por haber abusado de dos niños.
Dicho fallo tuvo una resonancia nacional porque Julio Grassi fue durante mucho tiempo una verdadera estrella un su país natal. Un sacerdote moderno, mediático y muy influyente. A lo largo de su vida había establecido relaciones en los más altos círculos políticos, económicos y culturales de Argentina. Hábil comunicador, el padre Grassi fue el centro de atención en varias emisiones de la televisión nacional, animaba su propia transmisión de radio y apadrinó numerosas misiones caritativas.
En 2002, después de varias denuncias que desde el principio quedaron amordazadas, la célebre emisión Telenoche Investiga se refirió a las vergonzosas prácticas del religioso: Julio Grassi fue puesto en tela de juicio por haber agredido sexualmente a menores de una organización que él mismo había creado en 1993: la fundación “Felices los Niños”.
En medio del reportaje, el testimonio de “Gabriel”, violado a la edad de 15 años, desencadenó el mayor escándalo de pedofilia en la iglesia de Argentina. Hoy día, el joven vive recluido en los suburbios de Buenos Aires por miedo a represalias. “He recibido amenazas y hay pruebas”, declaró en una entrevista otorgada a nuestros colegas de Cash Investigation. “Hubo gente que entró por la fuerza a mi casa, rompieron la puerta. Me robaron objetos personales y también documentos que habrían podido servir durante el proceso Grassi. Al final, la justicia se vio obligada a intervenir por mi seguridad: me colocaron en un programa de protección de testigos antes del proceso”.
Desde el inicio del caso, Julio Grassi contrató a los mejores abogados, en total más de 20, los que adoptaron una defensa particularmente agresiva. Frente a las víctimas, el famoso sacerdote contó también con el apoyo indefectible de su jerarquía. “La actitud del hoy papa Francisco desde 2002, cuando era cardenal, facilitó la impunidad de Grassi”, acusa el abogado de las víctimas, Juan Pablo Gallego. Y agrega: “Si Bergoglio estaba de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, ya bajo Benedicto XVI Grassi debió haber sido apartado de la Iglesia Católica”.
Pero la pasividad de Jorge Mario Bergoglio no es lo único que lo salpica en este caso: en 2010, luego de la primera condena de Grassi, la iglesia argentina emprendió incluso una contra-investigación que apuntaba a exculpar al prelado. Redactado por Marcelo Sancinetti, un jurista de renombre que enseña el derecho penal en la Universidad de Buenos Aires, el documento titulado “Estudios sobre el caso Grassi” fue encargado por la Conferencia Episcopal de Argentina, la que era presidida por el cardenal Bergoglio, actual papa Francisco. Se trata de un documento de 2.600 páginas que apunta a demostrar que los querellantes mintieron y que incluso pone en tela de juicio la orientación sexual de las víctimas. Un capítulo entero de la contra-investigación apunta por ejemplo a poner en escena “elementos irrefutables” de la vida de uno de los querellantes con el fin de cuestionar su heterosexualidad. Esa investigación llega a una conclusión: la justicia se equivocó y se debe apelar para declarar inocente a Julio Grassi.
La existencia de este estudio ya había sido mencionada por la prensa argentina. Pero lo que no se sabía era que, lejos de ser un simple documento interno, “Estudios sobre el caso Grassi’ fue una herramienta de lobby enviada a los jueces encargados del expediente en vísperas de su examen en apelación.
El escrito por lo demás fue editado en tres oportunidades, en el 2010, en el 2011 y en el 2013, fechas correspondientes a las diferentes apelaciones del sacerdote pedófilo frente a las jurisdicciones nacionales.
LAS CONFESIONES DEL JUEZ
El destinatario del documento fue el juez Carlos Mahiques, quien recuerda por primera vez este episodio frente a las cámaras de Cash Investigation:
“Es un análisis judicial parcial en algunos casos, muy imparcial en otros. Claramente a favor del padre Grassi”, describe este respetado magistrado, hoy día juez en la Corte de Casación, después de haber sido fugazmente Ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires (2016). Confirma haber leído el documento “solo después de haber dado sentencia” para no dejarse influenciar en su juicio. Pero la intención está ahí.
“Lo que quisieron hacer es ejercer una presión sutil en los jueces”, estima el magistrado.
¿Está el papa Francisco en el origen de estos envíos?, ¿en el caso contrario, podría él ignorar que el documento que había solicitado tenía por objetivo influenciar a los jueces? Estas preguntas siguen sin respuesta. A pesar de las decenas de peticiones de entrevistas durante ocho meses, el Vaticano no ha querido responder. Silencio insoportable para las víctimas. “Recuerdo esta frase que repetía el padre Grassi en el proceso: ‘Bergoglio nunca me ha dejado solo’. Hoy día Bergoglio es el papa Francisco. Nunca ha desmentido los dichos de Grassi”, denuncia “Gabriel”.
En septiembre de 2013, en vísperas del reexamen del caso Grassi frente a la Corte Suprema de Buenos Aires, el recién nombrado papa Francisco invitó a Roma al presidente de esta jurisdicción, Hector Negri. Este último, que tampoco ha respondido a nuestra solicitud, señaló en su momento que esa visita fue “únicamente por razones espirituales” y que no tenía ninguna relación con el caso de la antigua estrella del clero argentino. El caso Grassi es emblemático respecto de la ambigüedad de la posición del papa Francisco en estos temas. Desde su elección, el papa multiplica las comisiones y las declaraciones importantes en materia de lucha contra la pedofilia. Sin equívocos. En febrero del 2016, en un avión que lo llevaba de México a Roma, y en pleno escándalo Barbarin, declaró que “un obispo que cambia de parroquia a un sacerdote cuando sabe que es pedófilo es un inconsciente y lo mejor que puede hacer es presentar su renuncia”.
En junio emitió un nuevo “motu proprio” (decreto pontifical) y anunció la creación de un tribunal para juzgar a los obispos. De ahora en adelante, los prelados podrían ser revocados en caso de negligencia con respecto a los abusos sexuales cometidos en sus diócesis. Pero estos anuncios que son evidentemente bienvenidos, son considerados insuficientes por las asociaciones de víctimas que denuncian pura retórica. “Durante estos decenios de crisis, las comisiones, los procedimientos, los protocolos y las promesas han abundado. Pero no tienen ningún significado” recordó en el 2014 el SNAP, la Asociación americana de víctimas de sacerdotes.
En febrero del 2016, un primer obstáculo derribó la estrategia comunicacional del papa Francisco. Peter Saunders, una de las dos únicas víctimas de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, es apartado de la estructura creada por el papa Francisco. En las columnas de Los Angeles Times, el fundador de la asociación británica de víctimas (Napac) declaró, manifiestamente decepcionado: “me habían dicho que Roma no se hizo en un día, pero el problema es que se necesita sólo algunos segundos para violar a un niño.”
Peter Saunders, apuntó con el dedo la mansedumbre de Roma respecto al chileno Juan de la Cruz Barros, acusado de haber encubierto abusos sexuales en su país (Juan Barros, obispo de Osorno, es acusado de encubrir los abusos del sacerdote Fernando Karadima). En mayo del 2015, el papa Francisco dio su apoyo a Barros: “Piensen con la cabeza y no se dejen llevar de las narices por todos los zurdos, que son los que armaron esto”, declaró. Un año más tarde, en mayo del 2016, el papa explicó en una entrevista al periódico La Croix, que la renuncia del cardenal Barbarin, cuestionado en ese momento por “no denunciar”, sería un “contrasentido”, lo que provocó la decepción de la asociación de víctimas “La palabra liberada” de Lyon, que todavía espera ser recibida por Jorge Mario Bergoglio.
Peter Saunders aceptó responder a nuestras preguntas. Dos años después de su nombramiento en la comisión creada por el papa Francisco, el hombre se muestra decepcionado: “Cuando fui invitado a participar en la comisión, pensé que la iglesia actuaba con seriedad, con respecto a la protección de los niños y que todo eso iba a cambiar rápidamente. Me equivoqué”, nos explica. “Una comisión con personas del mundo entero que se reúnen sólo dos veces al año, no es tratar el tema en forma seria”, agrega. Para esta antigua víctima, “la protección de los altos dignatarios religiosos parece ser la prioridad”.
En marzo del 2017, surgió un nuevo problema en el Vaticano. La última víctima representada en la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, la irlandesa Marie Collins, decidió retirarse. Para ella, hay “una falta de cooperación, de la curia romana y sobre todo de la Congregación de la Doctrina de la Fe (CDF), gendarme de la conducta del Vaticano, encargada de sancionar a los sacerdotes pedófilos del mundo entero”.
Incluso al interior del Vaticano, la falta de cooperación de la CDF es a menudo subrayada. “Yo pregunté cuántos casos existían, cuántos han sido condenados, por qué Diócesis…. Me dijeron que tenían las estadísticas, pero no quisieron transmitírmelas”, declara un funcionario de la protección de la infancia. “Seguro que se trata de una cierta cultura del secreto en los procesos judiciales, sean cuales sean”, agrega monseñor Hérouard, director del Seminario francés de Roma. “En el opúsculo ‘Luchar contra la Pedofilia’ del 2010, quise integrar algunas cifras y me costó mucho reunirlas”, recuerda el ex secretario general de la Conferencia de los Obispos de Francia.
En las columnas del semanario americano “National Catholic Reporter”, Marie Collins lamenta el abandono de la idea del tribunal interno a la CDF de juzgar a los obispos negligentes en materia de pedofilia en la iglesia. “¿Era un proyecto, dice usted, solamente un proyecto?”, exclama irritada la irlandesa al intención Prefecto de la CDF, recordando que el papa había pedido “el establecimiento de una nueva sección judicial”, así como “un secretariado para asistir al Prefecto para este tribunal”. Cuatro años después de su elección, las promesas del papa Francisco en materia de lucha contra la pedofilia chocan todavía con las paredes más resistentes del Vaticano.