Francisco publicó el 29 de abril un Motu proprio sobre la prevención y la lucha contra la corrupción.
Exige a las personas que ocupan cargos económicos en el Vaticano -desde cardenales hasta personal ejecutivo laico- que firmen cada dos años una declaración de que, entre otras cosas:
- no han sido condenados por un delito
- no son objeto de procedimientos penales pendientes
- no tienen propiedades en países con alto riesgo de lavado de dinero y evasión fiscal, y en sectores contrarios a la Doctrina Social de la Iglesia.
La Secretaría de Economía está autorizada a verificar la veracidad de las declaraciones escritas; la cuestión es cómo.
Se prohíbe a todos los empleados aceptar regalos por valor de más de 40 euros.
El motivo del Motu proprio es la adhesión de la Santa Sede a la Convención de Mérida, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La Santa Sede no es miembro de la ONU.
Esto significa que Francisco está transformando el Vaticano cada vez más en un estado laico normal, algo que sus predecesores siempre han tratado de evitar.
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