28 de octubre de 2021 Fiesta de los Santos Simón y Judas, Apóstoles
¡Alabado sea Jesucristo!
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Durante los últimos meses, las intenciones de la Iglesia en los Estados Unidos de América han estado muy presente en mis oraciones. En su próxima reunión de noviembre, los obispos de los Estados Unidos considerarán la aplicación del canon 915 del Código de Derecho Canónico: "No deben ser admitidos a la sagrada comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena, y los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave".[1] Sus deliberaciones abordarán, en particular, la situación prolongada y gravemente escandalosa de los políticos católicos que persisten en apoyar y promover programas, políticas y leyes que violan gravemente los preceptos más fundamentales de la ley moral, mientras que, al mismo tiempo, afirman ser católicos devotos, especialmente presentándose para recibir la Sagrada Comunión. Al rezar por los Obispos y por mi patria, los Estados Unidos de América, he pensado cada vez más en la experiencia vivida por la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, hace más de 17 años, en su reunión de verano en Denver, en junio de 2004, al abordar la misma cuestión. Fue una experiencia que viví intensamente.
Pienso que sea importante ofrecer las siguientes reflexiones como ayuda para todos nosotros a la hora de abordar ahora y en el futuro un asunto tan crítico -un asunto de vida y muerte para los no nacidos y de salvación eterna para los políticos católicos implicados- ya sea en mi patria como en otras naciones. Habría querido ofrecer estas reflexiones mucho antes, pero mi recuperación a causa de recientes dificultades de salud me ha impedido escribirlas hasta ahora.
El contexto de la reunión de junio de 2004 de los obispos de Estados Unidos fue la campaña del senador John Kerry para la presidencia de Estados Unidos. El senador Kerry se declaraba católico y, al mismo tiempo, apoyaba y promovía el aborto procurado en la nación. En ese momento, yo era Arzobispo de Saint Louis (nombrado el 2 de diciembre de 2003 y en posesión del cargo desde el 26 de enero de 2004). Como ya había sido mi práctica en cuanto Obispo de La Crosse (nombrado el 10 de diciembre de 1994 y en posesión del cargo desde el 22 de febrero de 1995), amonesté al Senador Kerry para que no se presentara a recibir la Sagrada Comunión ya que, después de haber sido debidamente amonestado, persistía en el pecado objetivamente grave de promover el aborto directamente procurado. No fui el único obispo que lo amonestó en ese sentido.
Desde mi primer ministerio episcopal en la Diócesis de La Crosse, me había enfrentado a la situación de políticos que se presentaban como católicos practicantes y, al mismo tiempo, apoyaban y promovían programas, políticas y leyes que violaban la ley moral. Como nuevo Obispo y relativamente joven, hablé con mis hermanos Obispos, especialmente con uno de los sufragáneos más antiguos de mi provincia eclesiástica, acerca de varios legisladores católicos de la Diócesis de La Crosse que se encontraban en esta situación. La respuesta común de los hermanos Obispos fue la esperanza de que la Conferencia Episcopal acabaría abordando la cuestión.
Conociendo mi obligación moral en un asunto de tan graves consecuencias, definida en el can. 915, empecé a ponerme en contacto con los legisladores de la Diócesis de La Crosse, pidiéndoles que se reunieran conmigo para discutir la completa incoherencia de su posición respecto al aborto procurado con la fe católica que profesaban. Lamentablemente, ninguno de ellos estuvo dispuesto a hacerlo. Uno de ellos mantuvo una cierta correspondencia conmigo, insistiendo en que su posición respecto al aborto era coherente con la fe católica, siguiendo el erróneo consejo de ciertos profesores disidentes de teología moral, adherentes a la herética escuela del proporcionalismo, en una cumbre en el verano de 1964 celebrada en el complejo de Hyannisport, propiedad de la familia Kennedy. La documentación de tal reunión se encuentra en un libro de Albert R. Jonsen, quien acompañó a uno de los profesores europeos disidentes de teología moral y estuvo presente durante toda la reunión.[2]
En cuanto a la negativa de los legisladores a reunirse conmigo, debo observar que me parece, en el mejor de los casos, ingenuo el común estribillo de que lo que se necesita es más diálogo con los políticos y legisladores católicos en cuestión. Según mi experiencia, no están dispuestos a discutir el asunto porque la enseñanza de la ley natural, que necesariamente es también la enseñanza de la Iglesia, está más allá de la discusión. En algunos casos, además, he tenido la fuerte impresión de que no estaban disponibles a discutir el asunto porque simplemente no estaban dispuestos a que sus mentes y corazones cambiaran. La verdad es que el aborto procurado es la destrucción consciente y voluntaria de una vida humana.
Cuando era arzobispo de San Luis, un legislador católico aceptó reunirse conmigo, a pesar de que, como también lo atestiguó su párroco, no se presentaba a recibir la Sagrada Comunión. Comenzó la reunión mostrándome una foto de su familia. Según recuerdo, su esposa y él tenían cuatro hijos. A medida que avanzaba nuestra conversación, le pregunté cómo, habiéndome mostrado tan orgullosamente la foto de sus hijos, podía votar regularmente a favor de la matanza de bebés en el vientre materno. Inmediatamente bajó la cabeza y dijo: "Está mal. Sé que está mal". Aunque le insté a que actuara según su conciencia, que acababa de expresar, admiré el hecho de que, al menos, admitiera el mal en el que estaba implicado y no tratara de presentarse ante mí como un católico devoto. En cuanto a la realidad objetiva de la práctica del aborto como gravísima violación del primer precepto de la ley natural, que salvaguarda la inviolabilidad de la vida humana inocente e indefensa, no hay nada sobre lo que se deba dialogar. El tema del diálogo debe ser cómo prevenir mejor ese mal en la sociedad. Esa prevención nunca puede implicar la promoción real del mal.
Con el anuncio de mi traslado de la diócesis de La Crosse a la archidiócesis de San Luis, el 2 de diciembre de 2003, la prensa secular se desplazó a la diócesis de La Crosse, con el fin de encontrar material para construir una imagen negativa del nuevo arzobispo antes de su llegada a la archidiócesis. Mientras que, antes de mi traslado, no se había hablado públicamente de mis intervenciones pastorales con los legisladores en cuestión, como era del todo apropiado, el asunto se hizo público en diciembre de 2003 y enero de 2004. Al plantear la cuestión de la aplicación del can. 915 ante el cuerpo de obispos en su reunión de junio de 2004, la acción pastoral que yo había llevado a cabo en la diócesis de La Crosse y que estaba empezando a llevar a cabo en la archidiócesis de Saint Louis se puso en serio entredicho. Para ilustrar el hecho, durante una pausa de la reunión, me encontré, en una escalera, con uno de los eminentes miembros de la Conferencia Episcopal el cual, apuntándome el dedo, me decía: usted no puede hacer lo que ha estado haciendo sin la aprobación de la Conferencia de Obispos. La verdad es que otros obispos estaban también siguiendo una acción pastoral similar. Respondí a sus palabras señalándole que, cuando yo muriera, habría comparecido ante el Señor para dar cuenta de mi servicio como obispo y no ante la Conferencia Episcopal.
Debo señalar aquí que la acción pastoral por mi asumida no era de ninguna manera injerencia en la política. Ella se orientaba a la salvaguarda de la santidad de la Sagrada Eucaristía, a la salvación de las almas de los políticos católicos en cuestión - que estaban pecando gravemente no sólo contra el Quinto Mandamiento, sino que además estaban cometiendo un sacrilegio al recibir indignamente la Sagrada Comunión- y a la prevención del grave escándalo causado por ellos. Cuando intervine pastoralmente con los políticos católicos, lo hice de forma confidencial la más conveniente. Por supuesto, no di ninguna publicidad al asunto. Fueron más bien los políticos que, con la esperanza de atraer votos de católicos, dieron publicidad al asunto con un fin político en la convicción que era útil presentarse como católicos practicantes,
El debate durante la reunión de junio de 2004 fue difícil e intenso. Sin entrar en los detalles de la discusión, parecía no haber consenso entre los obispos, aunque entre algunos de los más influyentes existía el deseo de evitar cualquier intervención junto a políticos católicos que, según lo establecido por el can. 915, no deberían ser admitidos a recibir la Sagrada Comunión. Finalmente, el Presidente, el entonces Obispo Wilton Gregory de la Diócesis de Belleville, remitió el asunto a una “task force” que se ocuparía de Obispos Católicos y Políticos Católicos y que quedó bajo la presidencia del entonces Cardenal Theodore McCarrick, el cual se oponía claramente a la aplicación del can. 915 en el caso de los políticos católicos que apoyaban el aborto procurado y otras prácticas que violaban gravemente la ley moral. La “task force” estaba formada por un grupo de obispos con opiniones encontradas sobre el tema. De cualquier modo, con el tiempo, la “task force” fue olvidada y la cuestión crítica quedó sin ser abordada por la Conferencia Episcopal. Cuando mons. Gregory anunció la formación de la “task force”, el obispo que se sentaba a mi lado observó que ahora podíamos estar seguros de que la cuestión no sería abordada.
En el contexto de los recurdos de la reunión de Denver de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos en junio de 2004, me parece importante que cuente otras dos experiencias personales relacionadas a ella.
En primer lugar, en la primavera de 2004, mientras estaba en Washington, D.C., para actividades pro-vida, me reuní en privado durante cuarenta y cinco minutos con uno de los funcionarios de más alto rango del gobierno federal, un cristiano no católico que manifestaba un gran respeto por la Iglesia Católica. En el curso de nuestra conversación, me preguntó si, en vista de las graves dificultades de salud del Papa San Juan Pablo II, la elección de un nuevo Papa podría significar un cambio en la enseñanza de la Iglesia respecto al aborto procurado. Expresé alguna sorpresa por su pregunta y le expliqué que la Iglesia nunca puede cambiar su doctrina sobre la maldad intrínseca del aborto procurado, porque es un precepto de la ley natural, la ley escrita por Dios en cada corazón humano. Me respondió que había hecho la pregunta porque había llegado a la conclusión de que la doctrina de la Iglesia en la materia no podía ser tan firme ya que podía nombrarme a 80 o más católicos en el Senado y en la Cámara de Representantes, que apoyaban regularmente la legislación a favor del aborto.
La conversación en cuestión fue un testimonio elocuente del grave escándalo que provocan estos políticos católicos. De hecho, han contribuido de manera significativa a la consolidación de una cultura de la muerte en Estados Unidos, en la que el aborto procurado es simplemente un hecho de la vida cotidiana. El testimonio de la Iglesia católica sobre la belleza y la bondad de la vida humana, desde el primer momento de su existencia y la verdad de su inviolabilidad, se ha visto gravemente comprometido hasta el punto de que no católicos creen que la Iglesia ha cambiado o cambiará lo que es, de hecho, una enseñanza inmutable. Mientras que la Iglesia, llevando a cabo la misión de Cristo, su Cabeza, para la salvación del mundo, se opone totalmente al ataque a la vida humana inocente e indefensa, la Iglesia Católica en los Estados Unidos parece aceptar la aborrecible práctica, de acuerdo con una visión totalmente secularizada de la vida y de la sexualidad humanas.
A este respecto, me dicen que el argumento de la verdad sobre la vida humana es a menudo ineficaz, pues la cultura ya no tiene en cuenta la verdad objetiva y exalta las opiniones del individuo, por muy contrarias a la recta razón que puedan ser. Tal vez, el enfoque para ayudar a las madres y padres que contemplan la posibilidad del aborto debería adaptarse a una escala más amplia, a saber la visualización de una ecografía de la pequeña vida humana en su inicio. Según mi experiencia, cuando las madres y los padres que piensan en abortar ven esa ecografía inicial, la mayor parte de ellos no proceden con el aborto. La imagen visible de la belleza y la bondad de la vida humana les convence de la maldad del aborto. Tales ecografías deberían ser fácilmente accesibles, especialmente por parte de quienes son responsables de dirigir el testimonio esencial de la Iglesia a favor de la vida y de quienes son responsables de las políticas, programas y leyes de la nación, que deberían proteger y fomentar la vida humana, no procurar su destrucción.
El segundo hecho tuvo lugar durante mi visita a Roma a finales de junio y principios de julio de 2004, para recibir del Papa Juan Pablo II el palio de Arzobispo Metropolitano de San Luis. Dada la difícil experiencia del encuentro de Denver, a principios del mes de junio, se me aconsejó que visitara la Congregación para la Doctrina de la Fe, para estar seguro de que mi práctica pastoral era coherente con la enseñanza y la práctica de la Iglesia. Fui recibido en audiencia por el entonces Prefecto de la Congregación, Su Eminencia el Cardenal Joseph Ratzinger y por el entonces Secretario de la Congregación, el Arzobispo, ahora Cardenal, Angelo Amato, y un funcionario de habla inglesa de la Congregación. El cardenal Ratzinger me aseguró que la Congregación había estudiado mi dossier y no encontró nada objetable en el mismo. Sólo me advirtió que no apoyara públicamente a candidatos a cargos públicos, cosa que, de hecho, nunca hice. Expresó cierta sorpresa por mis dudas al respecto, teniendo en cuenta una carta que había escrito a los obispos de Estados Unidos, en la que se abordaba a fondo la cuestión. Me preguntó si había leído su carta. Le dije que no la había recibido y le pedí que tuviera la amabilidad de proporcionarme una copia. Sonrió y me sugirió que la leyera en un blog muy conocido, pidiendo al funcionario de habla inglesa que hiciera una fotocopia del texto tal y como aparecía íntegramente en el blog.[3]
La carta en cuestión expone de manera autorizada la enseñanza y la práctica constantes de la Iglesia. El hecho de no haberla distribuido a los obispos de los Estados Unidos contribuyó ciertamente a que los obispos, en junio de 2004, no tomaran las medidas adecuadas para la aplicación del can. 915. Ahora se me dice que la carta debía quedar confidencial y, por lo tanto, no podía ser publicada. Lo cierto es que se publicó ya a principios de julio de 2004 y que claramente el Prefecto de la Congregación, autor de la misma, no se molestó en absoluto por ello.
Han pasado 17 años desde la reunión de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en Denver durante el mes de junio de 2004. La cuestión más grave de la aplicación del can. 915 del Código de Derecho Canónico a los políticos católicos que apoyan y promueven programas, políticas y legislación que violan gravemente la ley natural, sigue siendo aparentemente una cuestión abierta para la Conferencia Episcopal. En realidad, la obligación sobre una cuestión de disciplina eclesiástica universal en relación con la fe y la moral, corresponde al obispo individual, sobre la cual la Conferencia Episcopal no tiene autoridad. En efecto, varios Obispos han comprendido su deber sagrado en la materia y están tomando las medidas oportunas. La Conferencia Episcopal cumple una importante función de apoyo al Obispo Diocesano, pero no puede sustituir la autoridad que a éste le corresponde. Es el Obispo Diocesano, no la Conferencia, quien aplica la ley universal a una situación particular.[4]
La labor de la Conferencia Episcopal consiste en ayudar a cada uno de los Obispos en el cumplimiento de su sagrado deber, de acuerdo con el can. 447 del Código de Derecho Canónico: “La Conferencia Episcopal, institución de carácter permanente, es la asamblea de los Obispos de una nación o territorio determinado, que ejercen unidos algunas funciones pastorales respecto de los fieles de su territorio, para promover conforme a la norma del derecho el mayor bien que la Iglesia proporciona a los hombres, sobre todo mediante formas y modos de apostolado convenientemente acomodados a las peculiares circunstancias de tiempo y de lugar."[5] Qué puede corresponder más a la promoción de "el mayor bien que la Iglesia ofrece a la humanidad" que la salvaguarda y el fomento de la vida humana creada a imagen y semejanza de Dios[6], y redimida por la Preciosísima Sangre de Cristo, Dios Hijo Encarnado,[7] corrigiendo el escándalo de los políticos católicos que promueven pública y obstinadamente el aborto procurado.
Os invito a rezar conmigo por la Iglesia en los Estados Unidos de América y en todas las naciones, para que, fiel a la misión de Cristo, su Esposo, sea fidedigna, límpida y sin compromisos en la aplicación del can. 915, defendiendo la santidad de la Sagrada Eucaristía, salvaguardando las almas de los políticos católicos que violarían gravemente la ley moral si se presentaran aún así a recibir la Sagrada Comunión, con lo que cometerían un sacrilegio; e impidiendo el gravísimo escándalo causado por la inobservancia de la norma del can. 915.
Que Dios los bendiga a ustedes y a sus hogares. Por favor, recen por mí y especialmente por la recuperación de mi salud.
Vuestro en el Sagrado Corazón de Jesús, en el Inmaculado Corazón de María y en el Purísimo Corazón de San José,
Raymond Leo Cardenal Burke
Traducción: Juan Miguel Montes
1 “Can. 915 Ad sacram communionem ne admittantur excommunicati et interdicti post irrogationem vel declarationem poenae aliique in manifesto gravi peccato obstinate perseverantes.”
2 Cf. Albert R. Jonsen, The Birth of Bioethics (New York: Oxford University Press, 1998), pp. 290-291.
3 Cf. repubblica.it/articolo/7055.html; traducción en inglés: repubblica.it/articolo/7055bdc4.html?eng=y 6
4 Cf. can. 447; and Ioannes Paulus PP. II, Litterae Apostolicae Motu proprio datae, Apostolos suos, De theologica et iuridica natura conferentiarum Episcoporum, 21 Maii 1998, Acta Apostolicae Sedis 90 (1998) 641-658.
5 “Can. 447 Episcoporum conferentia, institutum quidem permanens, est coetus Episcoporum alicuius nationis vel certi territorii, munera quaedam pastoralia coniunctim pro christifidelibus sui territorii exercentium, ad maius bonum provehendum, quod hominibus praebet Ecclesia, praesertim per apostolatus formas et rationes temporis et loci adiunctis apte accommodatas, ad normam iuris.”
6 Cf. Gn 1, 27. 7 Cf. 1 Pe 1, 2. 19; 1 Jn 1, 7; Rm 3, 25; Ef 1,
7; and Heb 9, 12 e Ap 1, 5.